La Fiscal Tercera Especializada dio algunos detalles de como el exrector Ramsés Jonás Vargas Lamadrid habría usado sus facultades como representante legal de la Universidad Autónoma del Caribe para sacar el dinero que ingresaba al Alma Máter para favorecerlo a él y a terceros.

El dinero, solo en el caso de las matrículas recibidas en efectivo entre noviembre del 2017 hasta febrero del 2018, ascenderían a  los 18 mil millones de pesos, cifra que no coincidía en los pagos a trabajadores y profesores que les debían quincenas.

“La Fiscalía General de la Nación declara en esta audiencia que procederá a adelantar investigación penal en contra del señor Ramsés Vargas Lamadrid por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito en concurso heterogéneo sucesivo con los delitos de corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y omisión del agente retenedor y amenazas a testigos”, dijo la representante del ente investigador.

El delito de amenazas a testigos lo dio a conocer la Fiscalía hoy porque el exrector habría amenazado a varios trabajadores de la Universidad, en especial del área de contabilidad, para que no fueran a decir nada sobre los movimientos de dinero a la Fiscalía y al Ministerio de Educación.

Sobre el delito de omisión de agente retenedor se debe a que la Universidad no hizo el reporte a la DIAN y le impusieron una multa de 200 millones de pesos, otra deuda más para el Alma Máter.

Del mismo modo, la fiscal contó ante el Juez Séptimo Penal de control de garantías que Ramsés Vargas habría recibido bonificaciones de parte de la Universidad para el pago de sus escoltas y de viajes para sacar a su familia del país por supuestas amenazas.

La Fiscalía también reveló que una empresa de asesoría en relaciones públicas, B&V Comunicaciones Estratégicas S.A.S, con un capital social de 10 millones de pesos, recibió varios contratos por parte de la Universidad y en la actualidad tiene una deuda pendiente del Alma Máter a esa empresa con una millonaria suma cercana a los 5 mil millones de pesos.

Todas estas acciones, a juicio de la Fiscalía, fueron en detrimento de la Universidad Autónoma del Caribe. Parte de los dineros recibidos en efectivo de las matrículas fueron a parar para el pago de proveedores y algunos al pago de otros contratos suscriptos con otros terceros.

Ramsés no aceptó los cargos. El martes, 4 de diciembre a las 8 a.m., se reanudará la audiencia de imputación contra los 7 capturados más que faltan dentro del presunto desfalco a la Universidad.

Ayer  Mariano Romero Ochoa, quien fue rector encargado de la Universidad, no aceptó tampoco los cargos al igual que Orlando Saavedra, quien fungió como director financiero del centro de educación superior.